Por no entregar un inmueble donde están resguardadas piezas arqueológicas, se le estaría acusando de peculado doloso en agravio del Estado y se amenaza con desalojarla del mismo.
La mundialmente famosa arqueóloga Ruth Shady presenta una denuncia penal en su contra en el Fiscalía, formulada por el procurador público del Ministerio de Justicia, Erick Samuel Villaverde Sotelo. Se le acusa de Peculado Doloso en agravio del Estado, a raíz de no haber desalojado un inmueble en La Molina donde se estarían guardando piezas arqueológicas; es decir, apropiarse y beneficiarse de bienes públicos.
El inmueble ubicado en La Molina venía siendo ocupado desde el año 2007 por la Zona Arqueológica de Caral (ZAC), un programa público dirigido por la arqueóloga. En él no solo se realizan labores administrativas, sino que se investiga y trabaja directamente con materiales arqueológicos que tendrían más de 5000 años de antigüedad. Se trata de cientos de piezas que han venido siendo recuperadas en las excavaciones de 12 centros urbanos de Caral.
“No puedo comprender cómo el procurador del Ministerio de Justicia puede denunciarme por peculado doloso cuando lo que quiero evitar es que se maltraten los materiales históricos que allí analizamos. Estamos buscando otro local”, declaró Ruth Shady.
En efecto, el ZAC ha estado buscando por años un espacio proporcionado por el Estado donde puedan cumplir adecuadamente su labor de investigación y preservación del material arqueológico. Primero estuvieron en la Casona del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el 2003 se trasladaron a las oficinas de la Empresa Lima Tours hasta que en el 2007 recibieron la casa de Las Lomas en La Molina, que ahora ocupan desde hace más de 15 años, y ha sido acondicionada por los miembros del programa para cumplir con la labor que necesitaban.
En 2019, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), informó al ZAC que el inmueble que ocupaban seria subastado y que debían desalojar. Durante 3 años estuvieron buscando un nuevo local, pero era obvio que el Estado tenía poco o nulo interés en procurar un espacio adecuado para los investigadores. A pesar de eso, el D.S. N° 001-2021-JUS parecía ampararlos, ya que les daba derecho a seguir en el inmueble entregado por el Estado al contar con 16 años de posesión del inmueble.
El 19 de diciembre del 2022 el Pronabi informó que dicho local le fue adjudicado en la anunciada subasta pública, por 892 mil 980 soles, realizada sin importarles el destino del ZAC ni los materiales que allí se encontraban. Pronabi se encuentra adscrito al Ministerio de Justicia, de allí la denuncia que formulara el procurador de la cartera.
El titular de dicho ministerio, José Tello, un representante del Pronabi y uno del Ministerio de Cultura, Leslie Urteaga, habrían estado en contacto con la investigadora. Los mismos le habrían garantizado a la arqueóloga que pese a todo, bajo ningún concepto serian desalojados del inmueble, a fin de garantizar la integridad de las piezas históricas con las que estaban trabajando. Y a pesar de ello han procedido penalmente en su contra. Ya ni siquiera le contestan el teléfono.
Esta acción abusiva y contradictoria del gobierno podría tratarse de una represalia política. El 13 de febrero, 3 días antes de presentada la denuncia en su contra, Ruth Shady participó en un foro organizado por el parlamentario Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. En el mismo habría hablado sobre la crisis política que atravesaba el país.
“No estamos aplicando los conocimientos ancestrales que creamos para el buen vivir, ni desde el Estado, economía y tampoco desde sociedad. Un proyecto de desarrollo país más equitativo e integral es lo que necesitamos” habría mencionado en su exposición.
Recordemos que Ruth Shady es antropóloga, arqueóloga y educadora. Ha sido reconocida mundialmente por su labor en la preservación de la cultura Caral. Ha recibido la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, el Premio L´Oréal UNESCO para las Mujeres en Ciencia y en 2020 la BBC la incluyó en la lista de las 100 mujeres más importantes del mundo. También ha sido víctima de numerosas amenazas de muerte por parte de las mafias de terrenos que ven perjudicados sus negocios por los trabajos arqueológicos y de resguardo que lleva a cabo la socióloga. Aun así, al Estado peruano parece no importarle. Prefiere denunciar a una inminencia académica por proteger la integridad de las piezas arqueológicas que brindarle medida de protección a su vida ante las mafias de terrenos.
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