Con 59 votos a favor, el Pleno del Congreso decidió aprobar el proyecto de resolución que acusa constitucionalmente a Pedro Castillo, por los delitos de colusión, tráfico de influencias y organización criminal. Hubo 22 votos en contra, así como 3 abstenciones.
Votaron en contra 9 congresistas de Perú Libre, 5 del Bloque Magisterial, 3 de Perú Bicentenario, 3 de Perú Democrático, 1 de Cambio Democrático y 2 no agrupados. A favor se contaron los 17 congresistas de Fuerza Popular, 7 de Acción Popular, 7 de APP, 6 de Renovación Popular, 6 de Avanza País, 6 de Podemos Perú, 4 de Somos Perú y 6 no agrupados.
También fueron aprobadas las denuncias constitucionales contra los ex ministros de Vivienda, Geiner Alvarado, por organización criminal; y de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, por organización criminal y colusión.
En el caso del primero, este decidió allanarse al proyecto de resolución, argumentando que no pretendía obstruir ninguna manera la investigación en su contra. Su denuncia fue aprobada con 80 votos a favor, 0 en contra y una abstención. En cambio, Juan Silva no se hizo presente y su abogado tampoco pudo ejercer su defensa legal, debido a que no se encontraba debidamente acreditado. La denuncia es su contra fue aprobada con 87 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Durante la exposición de Eduardo Pachas, abogado del ex presidente, este argumentó que se estaba produciendo una vulneración al derecho de defensa al no permitírsele a Pedro Castillo asistir presencialmente al Pleno del Congreso y exponer su caso. Sin embargo, la argumentación fue rechazada por la presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, indicando que la parte acusada había sido notificada debidamente. Posteriormente, el defensor expuso que “no existe la ruta” del supuesto dinero utilizado en los delitos que se acusan.
Ya iniciado el debate del Pleno, la congresista Patricia Chirinos se refirió a Pedro Castillo y sus dos ministros como “La Chota Nostra”, en alusión a una organización criminal que supuestamente había secuestrado al gobierno. Alejandro Cavero, por su parte, aseguró que existen más de 190 elementos de convicción que prueban la responsabilidad del ex mandatario en los delitos de los que se le acusa. Finalmente, Jorge Montoya incluyó en su disertación una denuncia a los “violentistas y senderistas” que dirigen las manifestaciones en el país pidiendo la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones.
En el sentido contrario, el congresista Guido Bellido argumentó que la actual crisis política es obra de Keiko Fujimori, lideresa del Partido Fuerza Popular, cuya bancada declaró su posición a favor del adelanto de elecciones hace unas semanas. Otros parlamentarios de Perú Libre y Bloque Magisterial también expresaron su voluntad de votar en contra debido a vicios legales de carácter procesal.
Precisemos que la aprobación de dicha acusación no implica un juicio de culpabilidad contra el ex mandatario, ahora recluido en el penal de Barbadillo, sino que autoriza la formalización de la investigación a cargo de la Fiscalía con el fin de esclarecer los hechos materia de los presuntos delitos.
Recordemos que dicha denuncia fue presentada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el 11 de octubre, dos meses antes del autogolpe del 7 de diciembre, por lo que no contempla ninguno de los supuestos delitos cometidos aquel día ni la investigación relativa a ellos.
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