NACIONES UNIDAS CONTRA DINA BOLUARTE POR VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) remitió una carta al Representante Permanente del Perú, Luis Juan Chuquihuara Chil. La misma incluye una comunicación enviada por el relator especial sobre derechos a la libertad de reunión pacifica, detención arbitraria, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, entre muchos otros. La misiva fue firmada por Beatriz Balbin, jefa de la subdivisión de procedimientos especiales, con fecha del 24 de febrero.

La carta tiene por objetivo presentar los datos, pruebas e informaciones que han recibido sobre las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos que están teniendo lugar en el Perú, a manos de las fuerzas policiales y militares, ordenadas por el gobierno de Dina Boluarte.

“Quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con el alegado uso excesivo de la fuerza provocando un elevado número de muertes ilícitas, la supuesta utilización abusiva de los penales de terrorismo en contra de las personas manifestantes y disidentes, detenciones supuestamente arbitrarias, un caso de desaparición forzada, estigmatización y violación al debido proceso en contra de las personas manifestantes”  indicaba el escrito.

Hagamos memoria…

El 7 de diciembre del 2022, en horas de la tarde, Dina Boluarte juramentó como Presidente del Perú, ante el que debe ser el Congreso de la Republica menos popular en la historia democrática reciente.

Solo unos días después, en Apurímac, se reportaron los primeros fallecidos, caídos durante las manifestaciones del 11 y 12 de diciembre. Exigían la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones generales. Poco después, el 15 de diciembre, fallecerían 10 civiles más, esta vez en Ayacucho. El 9 de enero, en Juliaca, mataron a 19.

La mañana del sábado 21 de enero, casi 400 efectivos policiales irrumpieron en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tomada días antes por la Federación Universitaria a fin de procurar alojamiento a más de un centenar de protestantes venidos de regiones del sur del país. La intervención y detención fue de oficio, no contó con presencia de la Fiscalía ni de abogados y se ejecutó derrumbando la Pta. 3 de la casa de estudios. Este suceso también fue nombrado en la carta de la ONU como un ejemplo del abuso de autoridad que está teniendo lugar en el Perú.

El 28 de enero, durante las protestas que tenían lugar en Centro de Lima, Víctor Santisteban Yacsavilca murió asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena, un hecho ampliamente demostrado desde los distintos ángulos de las cámaras que registraron el fatídico. Hasta el día de hoy, no hay progreso en la investigación a cargo del Ministerio Público.

Tres días después, la policía detuvo a Yareth Navarro Flores con una mochila en la que llevaba 1916 soles y un cuaderno con apuntes de gastos médicos. Fue acusada de financiar las protestas, destrozos y bloqueos de carreteras. Poco después, el Poder Judicial le impuso 30 meses de Prisión Preventiva.

También se hace mención a distintos casos de agresiones a periodistas, por parte de policías y manifestantes, así como el constante uso de los términos “terrorista” y “terrorismo” para referirse a la protesta. Incluso se menciona el Proyecto de Ley N° 4271/2023-PE presentado por el Ejecutivo, que busca recrudecer las penas en el contexto de un Estado de Emergencia, visto como una respuesta represiva del gobierno.

La cifra de muertos supera el medio centenar. La misma cantidad existe de vídeos y fotografías que muestran a militares y policías disparando a manifestantes desarmados. Las necropsias hablan de forma clara, nos dicen de donde salieron las balas que los mataron, quien las disparó y hasta en qué situación. Aun así, el gobierno no ha dejado de alabar la forma impecable y profesional en que se han desempeñado las fuerzas del orden.

Y entonces…

La ONU, en su carta, exige que el gobierno peruano responda a los requerimientos formulados en un plazo de 60 días, así como que tome todas las medidas necesarias que evitar que estos excesos vuelvan a ocurrir.

“A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y la libertad de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”

Cabe preguntarnos si las miradas inquisitivas de la comunidad internacional lograran modificar en algo la política interior peruana; o, si por el contrario, algún congresista solicitará el retiro del Perú de la ONU, ante la intromisión inadmisible en nuestros asuntos internos.