La universidad que no encuentra las Tesis de la Fiscal de la Nación viene afrontando una investigación por lavados de activos desde hace años, pero recién ayer el Ministerio Público y la Policía del Perú realizó la incautación de más de 300 bienes, muebles e inmuebles, entre los que se encuentran 7 avionetas de Joaquín Ramírez, otrora secretario general del partido Fuerza Popular, al que hoy se le acusa de ser el brazo político de una organización criminal, lideresa incluida.
El martes 11 de abril se llevó a cabo uno de los operativos más grande contra el lavado de activos en la historia del Perú. Más de 300 bienes, muebles e inmuebles, fueron incautados por el Ministerio Público y la Dirección de Lavado de Activos (DIRILA) de la PNP, como parte de las investigaciones en contra de la Universidad Alas Peruanas (UAP) así como de Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular y actual alcalde de Cajamarca.
Reber Joaquín Ramírez Gamarra, empresario y político, comenzó su carrera política en 2011, cuando fue elegido congresista por la región de Cajamarca de Fuerza Popular, misma organización en la que se desempeñó como Secretario General, siendo, a su vez, su mayor financista y benefactor. A Joaquín se le viene investigando por lavado de activos desde el 2014, incluso por la mismísima DEA. Ahora se acusa a Fuerza Popular de ser el “brazo político” de una red criminal que sería culpable de múltiples delitos contra el Estado, una estructura delincuencial que incluiría a su actual lideresa, la 3 veces candidata a la Presidencia del Perú, Keiko Fujimori.
No obstante, la agrupación fujimorista no tardó nada en emitir un comunicado aclarando que no tienen ningún vínculo con dicho personaje.
“Dejamos en claro que el señor Joaquín Ramírez no es afiliado ni dirigente de Fuerza Popular desde hace varios años. Asimismo, precisamos que no existe resolución judicial que establezca responsabilidad penal respecto de nuestro Partido o sus dirigentes” señaló el texto publicado en Twitter. También aprovecharon para “exhortar” a Dina Boluarte para que sus ministros no se entrometan en la investigación. Rápidamente el premier Otárola salió a decir que… harían caso del comunicado.
Entre los bienes incautados por la DIRILA se encuentran 7 avionetas de Joaquín Ramírez. Cinco de ellas se encontraban en el aeródromo Las Dunas, en Ica, y las otras dos en el aeropuerto de Pisco. Junto a ellas se intervinieron 91 vehículos y 170 inmuebles, incluyendo sedes de la Universidad Alas Peruanas (UAP), casa de estudios superiores fundada por Fidel Ramírez, tío de Joaquín, en época de la dictadura fujimorista. La suma de los bienes incautados superaría los mil millones de dólares.
Aparentemente se habría utilizado la universidad como prestamista de fondos ilícitos para la campaña fujimorista, así como instrumento de compra de inmuebles sobrevaluados, con el fin de lavar dinero. Al menos podemos estar tranquilos de que las pesquisas fiscales no interrumpieron las clases. Dicha casa de estudios no opera desde el 2019, cuando la SUNEDU le negó el licenciamiento. Habría que preguntarles a los agentes de la DIRILA si encontraron las Tesis de la Fiscal de la Nación en sus intervenciones. ¡Faltaría más!
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