Las viejas rencillas entre Perú y Chile se han reavivado, esta vez con motivo de la crisis migratoria que ya se ha convertido en una crisis humanitaria y mantiene enemistados a ambos gobiernos en un momento en el que se necesitaría de todo lo contrario. En medio de la tormenta se encuentra un grupo de extranjeros, muchos de nacionalidad venezolana, que huían de Chile y ahora se encuentran con un Perú mucho menos amistoso.
Desde hace dos meses se vienen aglomerando un grupo de extranjeros ante la frontera entre Perú y Chile, con la esperanza de cruzar al territorio nacional. Sucede así luego de que el gobierno chileno de Gabriel Boric decidiera militarizar la frontera norte con Perú y Bolivia, con el fin de “controlar y disuadir” el tráfico de personas indocumentadas. Los soldados se desplegaron en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, las cuales han visto un aumento alarmante en los delitos de tráfico de personas, armas, drogas, así como en los homicidios y crimen organizado. El mensaje es claro: expulsar a los venezolanos y demás extranjeros indocumentados. Desde entonces, poco a poco, el afluente de migrantes que intentan cruzar a Tacna ha ido incrementándose hasta convertirse en un verdadero problema.
Un millón doscientos mil venezolanos ingresaron al territorio peruano desde el 2017, cuando la crisis migratoria en Venezuela llegó a números históricos. Muchos extranjeros llegaron a trabajar honestamente, pero muchos también llegaron a delinquir. Aquí no hay nada nuevo, pero la “solidaridad” del gobierno de Vizcarra en realidad ocultaba otras intenciones: depreciar la mano de obra peruana bajando los salarios reales, aumentando la informalidad, reduciendo los costes de los empresarios y, en consecuencia, acrecentando sus ganancias. Un gran gesto, para los sectores privilegiados del Perú, no tanto así para el resto de peruanos ni para muchísimos de los venezolanos, que no solo han tenido que sufrir la xenofobia y la persecución de grupos chovinistas que los instrumentalizan para granjearse la simpatía de personas igual de xenófobas, sino que han padecido los vaivenes de la pintoresca política peruana.
Ahora mismo no han ni 3 mil personas acampando ante el control fronterizo con la esperanza de cruzar en cualquier momento, aunque van en aumento día con día. Aun así, se les ha impedido el paso. ¿Por qué? Quizás porque antes llegaron como víctimas de la dictadura chavista, un pueblo inmaculado en pleno éxodo bíblico. Ahora, en cambio, llegan expulsados por el gobierno democrático de Boric, acusados de ser criminales, y quizás algunos lo sean. Aceptarlos sería una muestra de sumisión ante el gobierno chileno, al menos para los ojos de los sectores más rancios de la política peruana.
Así lo demuestran las declaraciones del alcalde de Tacna, Pascual Guisa, quien declaró ante CNN Chile que ojalá “…el pueblo chileno piense bien y pueda elegir nuevamente a autoridades que estén a la altura… Y ahora no debemos permitir que un innombrable, y discúlpeme, pueblo chileno, irresponsable, como su presidente, esté trasladando los problemas a la frontera. Esto no lo debemos permitir, hermanos” sentenció.
Dichas declaraciones provocaron la ira de la clase política chilena. En respuesta, la subsecretaria del Ministerio de Exteriores de Chile convocó al embajador peruano en su país, Jaime Pomareda, para transmitirle su descontento ante esa y otras declaraciones que se han hecho sobre el gobierno chileno, pero al mismo tiempo reafirmar su voluntad de seguir trabajando “por el fortalecimiento de vínculos permanentes de amistad y cooperación entre ambos pueblos hermanos”.
Sin embargo, el gobierno peruano no podía quedarse atrás, y poco después el Ministerio de exteriores de Perú convocó también al embajador chileno para “expresarle su protesta por la falta de colaboración mostrada por las autoridades policiales chilenas”. Razones no le faltan, luego de que se difundieran unos videos en el que carabineros instruían a migrantes en las mejores formas de burlar la seguridad fronteriza y cruzar hacia Tacna.
Y obviamente no podían faltar las brillantes y pertinentes palabras del Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola: “Le pedimos al Presidente Boric que solucione sus problemas y no los tire a otro país” declaró en premier. Grandísimo aporte. Tampoco faltaron los sabios aportes de nuestros congresistas de la república. Jorge Montoya, de Renovación Popular, volvió a ser tendencia al decir que “si es necesario disparar, hay que disparar”, instando a los policías y militares a matar sin temor, porque ellos se encargarían, como se encargaron antes y se siguen encargando, de que no les pasé nada. Al mismo tiempo, el congresista José Jerí, de Somos Perú, ha propuesto un proyecto de ley que castiga con 10 años de cárcel a quienes ingresen ilegalmente al territorio peruano. No cabe duda que las crisis sacan lo mejor del elenco cómico que integra la clase gobernante del Perú.
Finalmente Dina Boluarte anunció que militarizaría la frontera con Chile para “solucionar” esta crisis. Además declaró en Estado de Emergencia las zonas fronterizas tales como Tacna, con el objetivo de frenar el flujo de migrantes indocumentados que están atravesando la frontera desde hace dos meses. ¿Planean acaso librar una cacería de brujas como lo hicieran en diciembre y enero pasado ante el Estallido Social?
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