Estados Unidos, ejemplo a seguir para muchos de nuestros políticos y gobernantes, recientemente condenó los actos del gobierno de Dina Boluarte y sugirió un adelanto de elecciones para atajar la crisis política, retirando de esta manera su apoyo al régimen. Nadie parece haber sugerido, en cambio, retirar al embajador peruano en EEUU ni romper relaciones diplomáticas, como hicimos con México y Colombia. ¿Doble moral, dónde?
La crisis política y social en el Perú ha amainado un poco debido a la crisis ambiental que estamos atravesando debido al paso del Ciclón Yaku que ya ha costado 66 vidas. Sin embargo, en varios puntos del país las protestas se han reiniciado, y aunque no fuese así, las razones que provocaron el estallido social de diciembre del 2022 tampoco se han extinguido. Casi igual cantidad de muertes que el Ciclón Yaku provocó la represión policial y militar ordenada por Dina Boluarte en el sur andino, incluyendo un fallecido en la capital, con sus contradictorias versiones oficiales y no oficiales. Tremendo desastre no ha pasado desapercibido para la comunidad internacional, pero salvo excepcionales casos que veremos a continuación, el gobierno no ha estado muy contento de escuchar las opiniones de otros países.
“Es la opinión de un gobierno amigo” fue la respuesta del Premier Otárola al conocer la posición estadounidense solicitando un adelanto de elecciones. Que condescendiente, porque cuando Gustavo Petro, Presidente de Colombia, y Andrés Manuel López Obrador, de México, condenaron las muertes extrajudiciales cometidas por policiales y militares contra manifestantes y civiles desarmados, nuestros ministros, congresistas y políticos por igual salieron como un solo puño a defender nuestra soberanía nacional. Pegaron el grito en el cielo denunciando “injerencia extranjera”. Obviamente Dina no iba a dejar sin sangre a sus aduladores y declaró persona “non grata” al embajador mexicano, además de 72 horas para abandonar el país.
Otras personas no tenían el poder para expulsar del Perú a quien tuviera una opinión discordante, pero sí tuvieron duras palabras de réplica. “…le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú” fue lo que dijo Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular (e investigada por lavado de activos y crimen organizado). “… mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro” añadió. Sin embargo, no parece tener palabras tan fuertes para Joe Biden, ni por asomo. Ni qué decir de las declaraciones del congresista Ernesto Bustamante, también de Fuerza Popular, que “sugirió” invadir Bolivia para apoderarse de sus Recursos Naturales de manera cautelar hasta que dejasen de financiar las protestas en el sur. Bueno, hasta ahora nadie ha sugerido invadir Estados Unidos.
Pero no se trata solo de conveniencia política y doble discurso, sino de una lambisconería y espíritu colonialista tan enraizado en su medula cultural que es imposible separarla de ellos. La soberanía nacional no es más que una palabra para lanzarla contra rivales y homólogos extranjeros para obtener visibilidad en redes sociales, pero se olvidan de ella por completo cuando se trata de agachar la cabeza ante el “aliado del norte”.
Recientemente la polémica se ha vuelto a suscitar, a raíz del último reporte sobre Derechos Humanos del 2022 elaborado por Human Rights, la organización estadounidense que vela por los derechos fundamentales en todo el mundo, aunque sea nominalmente. El reporte no es nada sutil ni amable. Califica los hechos ocurridos en el Perú como “homicidios arbitrarios o ilegales ejecutados por las fuerzas del orden”, así como enumera un alto número de amenazas contra periodistas, casos de corrupción rampante y hasta violencia de género. Además presenta pruebas de todos estos delitos y denuncia que el gobierno hasta ahora no solo no ha sancionado a los responsables, sino que en la inmensa mayoría de casos ni siquiera se ha comenzado a investigar seriamente.
Si bien el informe no se limita a diciembre del 2022, sino que aborda la vulneración de derechos humanos a lo largo de todo el año, sí resalta que estos casos se multiplicaron exponencialmente a partir del 7 de diciembre de dicho año. ¿Esperaremos hasta el informe del 2023 para confirmar lo obvio? En el Perú existe una grave situación de indefensión de varios derechos fundamentales, y el principal agresor de los mismos ha sido el Estado.
Poniéndole más sal a la herida, una investigación del New York Times reveló que hubo un uso de fuerza excesiva en la represión de las protestas de diciembre y enero en el Perú, que provocaron la muerte injustificada de 48 personas. El reporte periodístico incluye la revisión de diversos ángulos de cámara, pruebas de balística, análisis de autopsias, informes fiscales, declaraciones y entrevistas. ¿Qué espera el gobierno y nuestros congresistas para poner en su lugar a ese panfleto de izquierda desinformador e instigador de la violencia?
No pueden decir que no se le está dando cabida a la versión oficialista de los hechos. Hace nada, un grupo de empresarios peruanos emprendieron una gira por toda Europa para contar su versión del Golpe de Estado de Pedro Castillo y las protestas que le siguieron. Aseguran que la mayoría de peruanos solo quieren volver a la normalidad y que las protestas se acaben, igual que ellos. Este ambiente de constante inseguridad jurídica no es bueno para los negocios. Sin embargo, cabría preguntarnos a qué paz aspiramos en un país con tantos muertos y tanta impunidad.
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