El desastre en el norte del país se encamina a ser uno de los más devastadores de nuestra historia reciente, pero seguro que es menos mediático que el acaecido en 2017, cuando la crisis política poseía una naturaleza distinta. Antes, el gobierno y la prensa se enorgullecían del patriotismo de regiones como Piura, Lambayeque, Tumbes y La Libertad, por no sumarse a la insubordinación y malcriadez del sur del Perú durante el estallido social. Ahora, para el gobierno estas regiones no son más que un incordio constante que recuerda a todos su ineptitud y corrupción. El abandono es tal que el paro convocado por organizaciones y gobiernos locales, pese a las amenazas del gobierno, está teniendo un apoyo masivo de la población. Mientras el sur se incendia, el norte se inunda, y ahora también se incendia.
A 85 subió la cifra de víctimas mortales producto de las lluvias e inundaciones que vienen golpeando el norte del país desde enero del 2023. Así lo informó Manuel Yañez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) el martes pasado, quién también ha aportado diversas cifras que ayudan a dilucidar la magnitud del desastre. A los 85 fallecidos hay que agregarle 14 desaparecidos, 51 mil damnificados y más de 300 mil afectados. Además de 6 mil viviendas destruidas, 13 mil inhabitables y 120 mil dañadas. También se perdieron 171 colegios y 12 hospitales, sin contar los cientos y miles que resultaron comprometidos. Las lluvias, que han sido desde moderada a extrema intensidad, provocaron el aumento del caudal de los ríos, inundaciones, huaicos y derrumbes que destruyeron calles, casas, edificios y localidades enteras. Miles de familias han quedado sin hogar y el caos se ha apoderado de pueblos y ciudades enteras.
Estas son las consecuencias que ha dejado el Ciclón Yaku y el Fenómeno del Niño Costero. Cuesta creer que dichos accidentes climatológicos hayan sido previstos por el SENAMHI en septiembre del año pasado, pero el gobierno de Pedro Castillo y ahora el de Dina Boluarte no solo no hicieron nada al respecto, sino que la primera mujer presidenta pensó que sería mejor idea no avisar a nadie de la amenaza, no vaya a ser que los culparán de no haber hecho nada al respecto. Tampoco ayudó en nada las declaraciones de la mandataria cuando visitó Piura, aunque en su defensa se puede decir que la población tampoco la había recibido bien.
Pero esto no ha acabado. Según un informe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), en Piura, Cusco, Huánuco y Ancash existen al menos 3 millones 700 mil personas en riesgo alto y muy alto ante huaicos en casi 40 mil centros poblados. En el caso de inundaciones, son 8 millones 400 mil personas las que se encuentran en peligro en 8 mil centros poblados distribuidos entre Ancash, Cajamarca, Huancavelica, La Libertad. Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.
Quizás es por eso organizaciones sociales y gobiernos regionales convocaron a un paro total para el miércoles 19 de abril, en un intento desesperado de invocar la acción real del gobierno. Los días previos a la medida, prensa y gobierno se gastaron hablando de la irresponsabilidad de los manifestantes y la insensatez de protestar en un momento como este, quizás teniendo recuerdos del estallido social, pero pese a todos sus intentos, la protesta fue masiva. Si Dina Boluarte esperaba remontar su aprobación en el norte del Perú, esa alternativa se perdió hace tiempo. La pregunta es: ¿Cuántos más deberán morir, por acción del gobierno en el sur, o inacción en el norte, para que nos demos cuenta de lo inmoral e insostenible que es el gobierno de Dina Boluarte?
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