El debate en torno a los Derechos del Concebido y los de la mujer gestante ha vuelto a reavivarse luego de una serie de controvertidos sucesos en el Perú. Por un lado, el Congreso aprobó modificar el artículo 1 del Código Civil, reconociéndole expresamente derechos al concebido como la vida y la integridad, colocando al aborto terapéutico en un limbo legal. Por otro lado, la ONU declaró que el Estado peruano violó los Derechos Humanos de “Camila”, una niña embarazada de 13 años a quién se le impidió el acceso a un Aborto Terapéutico y luego se le condenó por un aborto espontaneo. Finalmente, el pastor evangélico y líder de la organización conservadora “Con Mis Hijos No te Metas”, ha sido denunciado por violar a su propia hija. Las cartas están sobre la mesa. ¿Ahora qué pasará?
1158 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres en 2020. En 2021, ese número subió a 1437. En 2022, eran 1626. Por otro lado, los casos de violación sexual hasta abril del 2023 sobrepasan los 2500, y estos son solo los que han sido denunciados. “Camila”, llamada así para proteger su identidad, tenía solo 9 años cuando fue violada por su padre, una agresión que continuó hasta los 13, cuando quedó embarazada.
En el hospital de Abancay al que Camila fue llevada por un familiar, no se le informó en ningún momento de su derecho a acceder al aborto terapéutico, pese a su mal estado físico y mental. Reiteradas veces expresó su deseo de no tener un hijo de su propio padre, y su madre, junto a una organización de Derechos Humanos, solicitaron la interrupción voluntaria del embarazo a las autoridades sanitarias y judiciales. Fueron ignoradas.
El derecho al aborto terapéutico se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida o la salud de la madre están en peligro o existe una malformación fetal incompatible con la vida. En el Perú, el aborto terapéutico es legal desde 1924, pero no existe un reglamento que regule su acceso, volviéndolo impracticable la mayoría de las veces, sobre todo cuando las autoridades se resisten a su ejecución.
Mientras el padre de Camila era investigado por violación sexual, la menor sufrió un aborto espontáneo. En consecuencia, Camila fue acusada por el delito de auto-aborto, por la misma fiscal que persigue a su padre. El caso fue promovido por Promsex ante las instancias internacionales.
“Estoy consternada por el modo en que las autoridades nacionales han tratado a una niña de 13 años víctima de violación e incesto” declaró Ann Skelton, presidenta del CDN de la ONU. “Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acosada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales. De hecho, pasó de víctima a delincuente” agregó de forma tajante.
Finalmente, después de 3 años se ha conocido el fallo de la ONU, condenando al Estado peruano por haber violado los derechos de una niña víctima de violación. También ha pedido que se despenalice el aborto en todos los casos de embarazo infantil y se regularice el acceso al aborto terapéutico.
¿Qué ha hecho el Congreso de la República para solucionar esta terrible situación? Además de ignorar la condena de la ONU, aprobaron un proyecto de ley que en la práctica ilegaliza el aborto terapéutico.
Se trata del Proyecto de Ley N° 785 presentado por la legisladora Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, que modifica el artículo 1 del Código Civil peruano a fin de reconocer expresamente al concebido como sujeto de derechos, como la vida, la integridad, etc. Para que no queden dudas, los fundamentos del proyecto exponen que la finalidad del mismo es proteger al embrión y garantizar su vida, independiente al de la madre gestante. El 23 de marzo fue aprobada con una primera votación, con 60 votos a favor. Un mes después se aprobó en segunda votación, con 70 votos a favor.
De esta forma, el artículo 1 del Código Civil quedaría redactado de la siguiente manera: “La vida humana comienza con la concepción. La persona humana es sujeto de derecho desde su concepción. El Estado peruano reconoce y garantiza el respeto a la dignidad del concebido, así como su derecho a la vida, a la identidad propia, a la integridad psíquica y física, así como a su libre desarrollo intra uterino”
Esta modificación ha generado una fuerte preocupación en relación con el derecho al aborto terapéutico, ya que podría limitar aún más el acceso a esta opción, anulándola por completo. Los defensores de este cambio sostienen, en cambio, que el concebido debe ser protegido incluso en esas situaciones complicadas.
La mayoría de tales defensores son grupos religiosos o ultraconservadores. Uno de ellos es el Pastor evangélico José Linares Cerón, fundador del Movimiento Internacional Pro-familia y Pro-vida, vocero del colectivo #ConMisHijosNoTeMetas, famoso por denunciar la ideología de género y perseguir a grupos LGTB+. Hoy es denunciado por su propia hija por violación sexual desde los 8 años, producto de la cual quedó embarazada dos veces. Los hijos fruto del abuso incestuoso nacieron en noviembre del 2003 y en octubre del 2006. ¿Qué más queda por decir?
El debate entre los derechos del concebido y los de la mujer plantea importantes cuestiones éticas y legales. Nuestra sociedad se encuentra cada vez más cerca de un punto crucial en su historia. Ahora el único camino para proteger los derechos de las mujeres gestantes es que Dina Boluarte observe la ley antes de su publicación. Luego de sus últimas declaraciones en las que prácticamente amenaza de muerte a los que salgan a marchar en la Tercera Toma de Lima, no esperamos gran cosa.
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