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Arbitraje en Contrataciones Públicas: Qué es, Cuando Procede y Como Funciona

Arbitraje en contrataciones públicas: qué es, cuándo procede y cómo funciona

¿Quieres dominar el arbitraje en las contrataciones públicas?

Aprende a gestionar controversias contractuales, conocer los mecanismos de solución y defender decisiones con el respaldo de la Ley N.° 32069.

Un contrato con el Estado puede empezar sin problemas y terminar en una disputa que nadie vio venir. La entidad deniega una ampliación de plazo, aplica penalidades que el contratista considera injustas o decide resolver el contrato. Del otro lado, la entidad puede sentir que recibió una prestación incompleta o que el contratista incumplió obligaciones esenciales. Cuando las partes no logran ponerse de acuerdo, alguien tiene que decidir quién tiene la razón.

En la contratación pública peruana, ese alguien es casi siempre un tribunal arbitral. Por eso entender cómo funciona el arbitraje no es solo un tema para abogados: lo necesitan los servidores de la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC), las áreas usuarias que otorgan conformidades, los residentes y supervisores de obra, y cualquier empresa que contrate con el Estado. En esta guía revisamos qué es el arbitraje, qué controversias se resuelven por esta vía, qué plazos no se pueden dejar vencer y cómo termina un caso.

¿Qué es el arbitraje en las contrataciones públicas?

El arbitraje es un mecanismo de solución de controversias en el que las partes de un contrato encargan a uno o más árbitros, y no a un juez, la decisión sobre su conflicto. Esa decisión se llama laudo y es definitiva para las partes.

En la contratación pública el arbitraje no es una opción excepcional. La Ley General de Contrataciones Públicas establece que todas las controversias surgidas entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia del contrato se resuelven mediante arbitraje, salvo que la propia ley disponga algo distinto. En la práctica, esto significa que todo contrato regulado por la ley lleva una cláusula de solución de controversias, que es una de las cláusulas obligatorias que la norma exige incluir.

El arbitraje convive con otros mecanismos. Según la ley, las controversias que surgen durante la ejecución contractual pueden resolverse mediante la Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD), la conciliación, el arbitraje y otros mecanismos previstos en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. Cada uno tiene su momento y su lógica, como veremos más adelante.

Qué controversias van a arbitraje y cuáles no

Controversias de la ejecución contractual

El arbitraje resuelve los conflictos que nacen una vez perfeccionado el contrato. Algunos de los más frecuentes son la resolución del contrato, las ampliaciones de plazo denegadas, la aplicación de penalidades, la negativa a otorgar la conformidad, los desacuerdos en la liquidación de obra y los reclamos por mayores gastos generales.

Lo que ocurre antes del contrato se resuelve por otra vía

Las discrepancias que surgen durante el procedimiento de selección no van a arbitraje. Si un postor no está de acuerdo con el otorgamiento de la buena pro o con la declaratoria de desierto, la vía es el recurso de apelación, que resuelve la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas según la cuantía. Confundir ambas vías es un error que puede hacer perder el caso desde el inicio.

Materias que la ley excluye del arbitraje

La ley establece que no pueden someterse a JPRD, conciliación ni arbitraje las pretensiones de enriquecimiento sin causa o indebido, ni las indemnizaciones u otras pretensiones similares que se deriven de la falta de aprobación de prestaciones adicionales, o de su aprobación parcial, por parte de la Contraloría General de la República. Esos casos son de competencia del Poder Judicial.

En cambio, las controversias relacionadas con prestaciones adicionales aprobadas por la entidad sí pueden someterse a JPRD o a arbitraje. La diferencia es sutil, pero decisiva al momento de formular las pretensiones.

Antes del arbitraje: JPRD y conciliación

No toda controversia tiene que llegar directamente a un tribunal arbitral. En los contratos de obra donde se ha pactado una JPRD, esta junta tiene competencia para conocer las discrepancias de contenido contractual o técnico que surjan durante la ejecución, desde el inicio del plazo hasta la recepción total de la obra. Su ventaja es la cercanía: los adjudicadores conocen la obra mientras se ejecuta y pueden evitar que un desacuerdo técnico escale. Si quieres profundizar en esta figura, el Diplomado en Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD) aborda su funcionamiento en detalle.

Cuando las partes pactan que sus controversias pasen primero por una JPRD, el inicio del arbitraje y su plazo se rigen por reglas especiales vinculadas a la decisión de la junta. Si al vencer los plazos ordinarios todavía está pendiente esa decisión, el plazo para arbitrar se computa desde que la junta se pronuncia o desde que queda disuelta.

La conciliación es otra alternativa. Si se sigue un procedimiento conciliatorio y no hay acuerdo, o solo hay acuerdo parcial, el reglamento establece que el arbitraje sobre las materias no conciliadas debe iniciarse dentro de los plazos de caducidad que fija la ley. Además, la ley prevé que en los contratos de montos iguales o menores a ocho UIT las partes pacten la conciliación como mecanismo de solución, sin necesidad de recurrir al arbitraje.

Arbitraje institucional o ad hoc: la regla de las diez UIT

Uno de los cambios más relevantes de la normativa vigente es la restricción del arbitraje ad hoc, es decir, aquel que no es administrado por una institución arbitral. La ley dispone que el arbitraje solo puede ser ad hoc cuando el monto de la controversia no supera las diez UIT. En todos los demás casos el arbitraje es institucional.

Instituciones arbitrales registradas ante el OECE

Para administrar un arbitraje en contrataciones públicas, una institución debe formar parte del registro de instituciones arbitrales y centros de administración de JPRD que administra el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE). Entre los requisitos mínimos figuran estar constituida como persona jurídica, contar con un código de ética y un reglamento interno según los lineamientos del OECE, y acreditar al menos cinco años de experiencia en la administración de arbitrajes, con reglas especiales para instituciones recién constituidas.

Para los arbitrajes de contrataciones que superan las dos mil UIT, la institución debe contar además con certificación internacional en sistemas de gestión de la calidad y en sistemas de gestión antisoborno. La incorporación en el registro es constitutiva: una institución suspendida o excluida no puede iniciar nuevos arbitrajes en esta materia.

Los árbitros también están sujetos a reglas

Quien desee resolver controversias de contratación pública debe integrar la nómina de una institución arbitral inscrita en ese registro, o ser confirmado por ella. Además, el OECE aprueba el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones Públicas, que rige la conducta de los árbitros.

Los plazos de caducidad: el error que más casos hace perder

Si hay un punto que todo contratista y toda entidad deben tener presente, es este. La ley fija plazos para iniciar el arbitraje y los califica expresamente como plazos de caducidad. Una vez vencidos, el derecho a reclamar por esa vía se pierde, sin importar cuán sólida sea la posición de fondo.

  • Validez, nulidad, resolución o terminación del contrato Cuando la controversia trata sobre la validez, nulidad, resolución, terminación o ineficacia del contrato, el arbitraje debe solicitarse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde la notificación del acto que se cuestiona. Es el plazo que más se pone a prueba, porque la resolución de un contrato suele llegar en medio de la tensión de una obra o un servicio paralizado.
  • Las demás controversias Para el resto de controversias, cualquiera de las partes puede iniciar el arbitraje dentro de los treinta días hábiles siguientes a determinados hechos que la ley precisa. Por ejemplo, en las controversias sobre la conformidad, el plazo se computa desde la negativa a otorgarla o desde el vencimiento del plazo para hacerlo. En las controversias sobre la liquidación del contrato de obra, desde la culminación del procedimiento de liquidación.
  • Defectos o vicios ocultos En el caso de vicios ocultos, el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la entidad y puede extenderse hasta sesenta días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista. Ese plazo de responsabilidad no puede ser menor de siete años en obras ni de un año en bienes y servicios.

La lección práctica es simple: apenas se notifica un acto que genera desacuerdo, hay que identificar qué plazo corre y desde cuándo. Dejarlo para después de una reunión más o de una negociación informal es la forma más común de perder un caso.

Cómo se inicia un arbitraje

El reglamento reconoce a cualquiera de las partes el derecho a iniciar el arbitraje dentro del plazo de caducidad correspondiente. El camino concreto depende del tipo de arbitraje.

Arbitraje institucional

Si el convenio arbitral prevé un arbitraje institucional, la solicitud se presenta ante la institución arbitral designada y el caso se rige por su reglamento, dentro del marco de la ley. Por eso conviene revisar con anticipación qué institución figura en el contrato y cuáles son sus requisitos de presentación.

Arbitraje ad hoc

En el arbitraje ad hoc, que solo procede en controversias de hasta diez UIT, el proceso empieza con una solicitud escrita que una parte dirige a la otra. Esa solicitud indica el convenio arbitral, resume las controversias y sus cuantías e incluye una propuesta de árbitro único, que debe formar parte de la nómina de alguna institución arbitral inscrita. La parte que la recibe tiene diez días hábiles para responder por escrito, con su posición sobre la propuesta de árbitro, la controversia y su cuantía.

El arbitraje no detiene el contrato

Muchos contratistas asumen que, al iniciar un arbitraje, la ejecución queda en pausa hasta que se resuelva. No es así. La ley establece que el inicio del procedimiento de solución de controversias no suspende ni paraliza las obligaciones contractuales de las partes, salvo que la entidad o el órgano jurisdiccional competente disponga lo contrario. El reglamento lo reafirma: el sometimiento de una controversia a cualquiera de estos mecanismos no determina por sí mismo la suspensión de la ejecución.

Esto tiene consecuencias prácticas. Mientras el arbitraje avanza, el contratista sigue obligado a cumplir y la entidad sigue obligada a pagar lo que corresponda. Abandonar la prestación por estar en litigio puede generar nuevos incumplimientos y nuevas controversias.

El laudo y lo que viene después

El arbitraje termina con el laudo, que resuelve las pretensiones planteadas por las partes. Contra el laudo solo cabe interponer recurso de anulación, que no permite revisar el fondo de la decisión, sino únicamente causales específicas vinculadas, por ejemplo, a la validez del convenio, al debido proceso o a que los árbitros hayan resuelto materias no sometidas a su decisión.

Los laudos de contratación pública no quedan en el archivo de las partes. Entre las funciones del OECE está administrar y sistematizar el Banco de Laudos Arbitrales sobre contrataciones públicas, lo que permite a entidades, contratistas y especialistas revisar cómo se han resuelto casos similares. Para quien prepara un arbitraje, ese banco es una fuente valiosa de criterios.

Errores frecuentes que debilitan un caso

La mayoría de arbitrajes no se pierden en la audiencia, sino mucho antes. Estos son los errores que pueden debilitar un caso:

No documentar

Lo que no consta en el cuaderno de incidencias, en cartas formales o en informes del supervisor es muy difícil de probar después.

Dejar vencer los plazos

Dejar correr los plazos de caducidad mientras se intenta una salida negociada sin respaldo escrito.

Reclamar materias excluidas

Plantear pretensiones que la ley excluye del arbitraje, como reclamos derivados de adicionales que la Contraloría no aprobó, los hizo parcialmente, y que corresponden al Poder Judicial.

Elegir mal la vía

Llevar a arbitraje discrepancias del procedimiento de selección que debían impugnarse con recurso de apelación.

No cuantificar las pretensiones

Formular pretensiones sin cuantificarlas con claridad, algo que afecta tanto la estrategia como los costos del arbitraje.

Domina el arbitraje desde la gestión del contrato

Un buen arbitraje se construye durante la ejecución del contrato, no cuando ya surgió el conflicto. Por eso la formación más útil es la que conecta la gestión contractual con la solución de controversias. El Diplomado Nueva Ley General de Contrataciones Públicas N.° 32069 del Instituto Hegel dedica un módulo completo al arbitraje en las contrataciones públicas, que incluye el convenio arbitral, la designación y recusación de árbitros, el arbitraje de emergencia, el laudo y el recurso de anulación, junto con módulos sobre ejecución contractual, conciliación y JPRD.

Las clases son virtuales en vivo y las dicta una plana docente con experiencia como árbitros, adjudicadores y vocales del Tribunal de Contrataciones. Puedes revisar también el resto de Diplomados Especializados del Instituto Hegel.

Que tu próximo conflicto contractual no te tome por sorpresa

Las controversias en la contratación pública son casi inevitables. Lo que sí puedes evitar es enfrentarlas sin conocer las reglas. Prepárate para documentar, reclamar a tiempo y defender tu posición con solidez, ya sea desde una entidad o desde una empresa contratista. Conoce el Diplomado Nueva Ley General de Contrataciones Públicas y convierte el arbitraje en un terreno que dominas.

Preguntas frecuentes sobre el arbitraje

1. ¿Es obligatorio el arbitraje en las contrataciones públicas?

La ley establece que las controversias sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia del contrato se resuelven mediante arbitraje, salvo excepciones expresas. También existen la JPRD y la conciliación como mecanismos previos o alternativos, según lo pactado y lo que permite la norma.

2. ¿Cuándo se puede usar un arbitraje ad hoc?

Solo cuando el monto de la controversia no supera las diez UIT. En los demás casos el arbitraje debe ser institucional y estar a cargo de una institución inscrita en el registro que administra el OECE.

3. ¿Cuál es el plazo para iniciar un arbitraje por resolución de contrato?

El arbitraje sobre la validez, nulidad, resolución, terminación o ineficacia del contrato debe solicitarse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde la notificación del acto que se cuestiona. Es un plazo de caducidad.

4. ¿Iniciar un arbitraje suspende la ejecución del contrato?

No. El inicio de un mecanismo de solución de controversias no suspende ni paraliza las obligaciones contractuales, salvo que la entidad o el órgano jurisdiccional competente disponga lo contrario.

5. ¿Se puede impugnar un laudo arbitral?

Contra el laudo solo procede el recurso de anulación, que se limita a causales específicas y no permite revisar el fondo de lo decidido por los árbitros.

Comentarios

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