¿Qué es el Derecho Sancionador administrativo en el Perú?
El derecho sancionador es una rama especial dentro del derecho administrativo. Se trata de un conjunto de facultades y atribuciones que permiten a la autoridad administrativa controlar la aplicación de la ley y castigar su incumplimiento. Vamos a revisar los elementos más importantes del derecho sancionador a continuación:
¿Qué es el Procedimiento Administrativo?
El procedimiento administrativo es un conjunto de actos y tramites que permiten a la autoridad administrativa emitir sus actos. Se encuentra regulado en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Repasemos algunos de sus principios más importantes contenidos en dicha ley.
- Informalismo: otorga flexibilidad al procedimiento administrativo, alejándolo de la imagen burocrática y poco eficaz del pasado.
- Celeridad: se busca agilidad y dinamismo en el desarrollo del procedimiento administrativo.
- Eficacia: el procedimiento administrativo debe ser oportuno, legal y eficiente.
- Controles posteriores: se busca la sencillez, accesibilidad y rapidez del procedimiento administrativo. Se prefieren los controles posteriores a entorpecer el trámite.
- Presunción de veracidad: se presume la autenticidad de los documentos presentados en el procedimiento administrativo.
- Verdad material: se asume que los hechos materiales tienen prioridad sobre lo relatado en los documentos.
¿Qué es el Procedimiento Administrativo Sancionador?
El procedimiento administrativo sancionador (PAS) es un tipo de procedimiento administrativo especial. Existen otros tipos de procedimientos administrativos que se sujetan a la Ley Nº 27444 y a las leyes especiales emitidas para diferentes entidades.
El procedimiento sancionador se fundamenta en el derecho sancionador y la potestad sancionadora del Estado peruano. Su objetivo es garantizar que los funcionarios y servidores cumplan la ley y reglamentos. En caso contrario, permite determinar la existencia de una infracción, la responsabilidad del infractor y la sanción a imponerse.
Derecho sancionador y Potestad Sancionadora del Estado
La potestad sancionadora del Estado, o ius puniendi, es el poder del Estado para imponer la ley a los ciudadanos. Se trata de la facultad para hacer valer el imperio de la ley y se expresa tanto en el ámbito judicial como en el poder ejecutivo. De esa manera tenemos el Derecho Penal como forma de imponer el cumplimiento de la ley. Sin embargo, su aplicación se da en ultima ratio, es decir, en última instancia y para los casos más graves. Siempre que sea posible, la ley debe imponerse mediante el proceso civil o administrativo.
En este último ámbito, el Estado, a través de sus distintas entidades públicas, tiene el poder para sancionar infracciones cometidas por sus administrados.
Aplicación del procedimiento administrativo sancionador
El derecho sancionador se aplica cuando se determina la comisión de una infracción. Las infracciones son aquellas conductas nocivas reconocidas como tales en la ley y los reglamentos internos de cada entidad. También se pueden configurar en el incumplimiento de una responsabilidad. En tal caso, exista o no una queja contra tal administrado, la autoridad administrativa puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador.
El PAS se inicia siempre de oficio, aunque exista queja o pedido de parte anterior a ello. La idea inicial es determinar si existe o no la infracción que se supone. Para ello, la primera acción es notificar al administrado imputado para que realice su declaración al respecto.
Etapas del procedimiento administrativo sancionador
El procedimiento sancionador, tal como cualquier otro proceso, se realiza a través de un periodo de tiempo y consta de distintas etapas. En este caso nos encontramos con dos etapas que podemos diferenciar claramente. Se trata de la fase instructiva y sancionadora. Estas dos son las fases del procedimiento sancionador.
Fase instructiva: va desde la notificación al imputado hasta determinar si existió o no la infracción y si corresponde una sanción. Durante esta etapa, el órgano instructor de la entidad pública se encarga de investigar y recabar información para decidir si se debe o no iniciar el PAS, así como si existieron causas atenuantes o agravantes de la infracción cometida. Esta fase culmina con la emisión de una resolución que dispone iniciar la fase sancionadora o archivar el proceso.
Fase sancionadora: consiste en determinar qué sanción le corresponde imponer al imputado. Este cuenta con el derecho a realizar su defensa como mejor considere. Al final, la entidad determina la sanción a imponerse, o también puede archivar el procedimiento. La imposición de una sanción no exime al imputado de la responsabilidad civil o penal que existiera, de ser el caso.
Algunas instituciones en el derecho sancionador: caducidad y prescripción
El derecho sancionador es muy importante para el cumplimiento de la ley y el derecho. Sin embargo, dicho poder del Estado no es absoluto. Debe regularse debidamente o se corre el riesgo de encontrarnos ante una autoridad arbitraria. Por ello, el PAS no se puede imponer en cualquier momento. Para evitarlo, existe la prescripción y la caducidad del derecho sancionador.
La prescripción consiste en que cada PAS tiene un tiempo límite para iniciarse. La Ley Nº 27444 determina que el plazo general es de 4 años, salvo en caso de existir leyes especiales. Esto quiere decir si se comete una infracción pero esta no es identificada correctamente antes de la prescripción, la autoridad administrativa ya no podrá iniciar un PAS.
Por otro lado, la caducidad consiste en que el PAS ya iniciado tiene un periodo límite para desarrollarse y terminar. Dicho periodo es de 9 meses, aunque pueden extenderse por 3 meses adicionales. En caso de que un PAS supere el periodo de caducidad, el imputado puede exigir el archivamiento del procedimiento cuando la autoridad no lo dicte de oficio.
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