Medio centenar de fallecidos por arma de fuego dejó la represión policial y militar del Estallido Social, iniciado el 7 de diciembre del 2022 tras el fallido autogolpe de Estado del hoy preso ex presidente Pedro Castillo. Sin embargo, nadie parece hacerse responsable de dichas muertes, pese a que cada día salen más pruebas de un actuar sistemático y dirigido. Una de las últimas de ellas involucra la declaración hecha ante un fiscal de un policía que participó de la “masacre” que confirma haber recibido él y sus compañeros fusiles AKM de parte de sus superiores.
El fusil AKM es un arma de guerra de origen soviética, reconocida por su practicidad y eficacia. Cada carga tiene capacidad para 30 tiros que pueden alcanzar hasta 400 metros de alcance. Su munición, cartuchos de 7,62x39mm, es capaz de atravesar paredes de ladrillos. Por lo mismo, el uso civil del AKM se encuentra prohibido. Estas son las armas que el Comando entregó a las fuerzas policiales para recuperar el aeropuerto “Inca Manco Cápac” en Juliaca, el 9 de enero pasado, al menos según la declaración del policía Javier Ángel Rivadeneyra Mestas.
Rivadeneyra (60) fue el jefe de una escuadra de 10 policías de elite, parte de la Dirección de Operaciones Especiales de la PNP (DIROESP) ubicada en Lima y que fueron enviados a Juliaca para participar en la represión y control de los disturbios en el aeropuerto “Inca Manco Cápac” donde terminaron muriendo 18 personas, de las cuales 17 recibieron tiros con armas de fuego en la parte superior del cuerpo. Hubo al menos 226 heridos confirmados.
El 27 de febrero, Rivadeneyra brindó su declaración ante el fiscal provincial Ernesto Rojas Cayllahua de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de la provincia de San Román, en Juliaca. En su testimonio, reconoció que a él y a sus compañeros se les hizo entrega de equipo antidisturbios que incluía los fusiles de asalto AKM con 4 caserinas de 30 cartuchos cada uno. El equipo antidisturbios usualmente está conformado por trajes de protección, bastones, gas, cascos, máscaras, armas no letales. Jamás por fusiles AKM calibre 7,62x39mm. También declaró que él mismo se vio obligado a realizar 3 disparos al suelo cuando se hubo rodeado de manifestantes iracundos y los efectivos policiales no disponían de más bombas lacrimógenas.
Esa declaración coincide con el documento policial llamado “Afectación Fusil AKM Comisión Juliaca” en el cual se encuentran anotados la relación de los policías que recibieron fusiles y el número de serie del arma recibida, junto a su firma a un costado. Javier Rivadeneyra firma junto al número “803171” que tuvo en su poder hasta el 6 o 7 de febrero. También afirma que nadie salió muerto ni herido durante la actividad de la escuadra que él dirigió, pero que no podía afirmar lo mismo por los demás oficiales.
Los oficiales de policía solo pueden hacer uso de sus armas de fuego “cuando se individualice a la persona que genere un peligro real e inminente de muerte o lesión grave contra el personal policial o terceros” según una resolución publicada por la Comandancia General de la Policía en octubre del 2022. Esto no se cumplió el 9 de enero en Juliaca. El uso de fusiles AKM para reprimir protestas revelan una conducta antijurídica. El coronel PNP Juan Manuel Pedrera Ruiz, de la Dirección de Operaciones, fue quien estuvo a cargo del operativo en el aeropuerto de Juliaca el 9 de enero. Este daba cuenta al comando y este, a su vez, al Ministro del Interior que responde a la PCM y a Palacio de Gobierno. De esta forma queda clara la cadena de mando que vincularía a Dina Boluarte con las matanzas ocurridas en los primeros meses de su régimen. El día de hoy, martes 6 de junio, la presidenta respondió ante el Ministerio Público en el marco de la investigación por los delitos de genocidio en razón de los 49 fallecidos entre diciembre del 2022 y enero del 2023. Negó su responsabilidad en las muertes y evitó responder las preguntas formuladas por los abogados de los deudos.
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