Esta vez no se trata del informe de una ONG extranjera pasible de cualquier crítica y ataque de la clase política y la prensa oficial, sino que se trata de la mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los organismos principales y autónomos de la OEA cuya opinión sí que debería importarnos a todos. Aunque no es como si algunos políticos no hubieran sugerido retirarnos de esos organismos internacionales progresistas que no entienden lo que hay que hacer para conservar un gobierno ilegitimo.
El martes 02 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales” referidos a los sucesos del Estallido Social que iniciara en diciembre del año pasado, revelando que el Estado cometió “graves violaciones a los Derechos Humanos” durante la represión policial y militar de las manifestaciones en contra de Dina Boluarte.
Para realizar su informe, la CIDH reunió información de toda clase de fuentes, desde lo sistematizado por la Defensoría del Pueblo hasta fuentes del mismo Estado peruano, organizaciones civiles y medios de comunicación oficiales y no oficiales. El saldo final es de 56 personas muertas y 912 heridas, aunque de estas, 580 fueron agentes de las fuerzas del orden, policías y militares.
El 7 de diciembre del 2022, Pedro Castillo Terrones, entonces Presidente de la Republica, dio un mensaje a la nación en el cual anunció la disolución del Congreso, la intervención del Poder Judicial y la organización de un gobierno de transición que bregara por nuevas elecciones y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Se trató, en efecto, de una ruptura del orden institucional, y por lo mismo las Fuerzas Armadas se resistieron a su llamado. Viéndose sin respaldo real, el ex profesor escapó a la embajada de México con su familia, pero en el transcurso los congresistas votaron masivamente a favor de la vacancia. Castillo terminó en la cárcel esa misma noche, y desde ese momento se iniciaron una serie de protestas que bañarían en sangre y fuego al Perú entero.
El 9 de diciembre, Dina Boluarte anunciaba que evaluaría el adelanto de elecciones, pero al día siguiente, en Andahuaylas, los manifestantes secuestraron a dos policías, incendiaron edificios públicos y tomaron el aeropuerto de Huancabamba, el cual finalmente fue liberado con el saldo de 20 heridos y 2 muertos. Dos días después, mientras realizaban un velatorio público, 4 personas más eran asesinadas por la policía en distintos puntos del país. El informe de la CIDH señala que la represión a las manifestaciones “estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”
Muchos de los heridos y buena parte de los muertos ni siquiera eran personas que participaban en las protestas. Sus lesiones, provocadas por el impacto de armas de fuego en el cuerpo y la cabeza, revelaría una intensidad malsana de policías y militares por perseguir y matar a quien tuvieran delante, fueran o no manifestantes. También se relatan numerosas historias sobre heridos a los que se les negó la atención médica o se les maltrató por, supuestamente, tratarse de “terroristas”. Igual número de casos podría contarse sobre episodios de discriminación y racismo. Existe también, según la CIDH, un escenario de estigmatización racial sin precedentes, en el que sectores de la sociedad están enfrentados de forma irreconciliable por el uso de palabras de forma despectivas como “terrorista”, “terruco”, “senderista” e incluso “cholo” e “indio”.
En total, según el informe, entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero del 2023 se registraron 477 protestas en todo el país, sobre todo en las regiones del sur; es decir, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno y Moquegua. Las movilizaciones concentraron desde mil personas hasta varias decenas de miles, y la mayoría consistió en marchas pacíficas y bloqueos de carreteras. Hubo 323 movilizaciones, 80 paralizaciones, 68 concentraciones y plantones, 6 vigilias, 45 marchas por la paz y al menos 68 hechos violentos. También hubo marchas en el Centro de Lima que terminaron en enfrentamientos con la policía en las afueras del Congreso. Las consignas principales exigían la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la liberación de Pedro Castillo. Es curioso considerar que, según una encuesta no publica por Perú21 y realizada por Ipsos, si los mismos candidatos del 2021 se presentaran hoy en nuevas elecciones, Pedro Castillo seguiría ganando a Keiko Fujimori en primera y segunda vuelta.
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